La prolongada crisis política de Venezuela ha entrado en una fase menos turbulenta, en la que la mayoría de los opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro, tanto nacionales como extranjeros, ha reducido sus tácticas de confrontación. Con la elección de nuevos gobiernos de tendencia izquierdista en varios países, ha disminuido el apetito por relaciones antagónicas con Caracas. Mientras Washington y un puñado de aliados cercanos de EE. UU,aún insisten en que el “presidente interino” Juan Guaidó, expresidente de la asamblea, es el líder legítimo del país, la mayoría de los gobiernos que en algún momento se negaron a reconocer a Maduro o redujeron su presencia diplomática en Caracas ahora están cambiando de rumbo o planean hacerlo. En la vecina Colombia, el presidente Gustavo Petro actuó de inmediato al asumir el poder en agosto para restablecer relaciones e intercambiar embajadores. Tras boicotear una serie de elecciones nacionales, la principal alianza de la oposición venezolana, ahora conocida como la Plataforma Unitaria, participó en los comicios locales y regionales en noviembre de 2021 y se prepara para llevar a cabo elecciones primarias para elegir a su candidato presidencial para 2024.
La política estadounidense
también ha evolucionado. A pesar de mantener su respaldo a Guaidó, la
administración del presidente Joe Biden ha moderado las fallidas maniobras
económicas y políticas de “máxima presión” que heredó de su predecesor. Después
de que en octubre de 2021 el gobierno de Maduro se retirara de las
conversaciones con la Plataforma Unitaria en Ciudad de México, Washington
evaluó diversas opciones y finalmente decidió iniciar conversaciones directas
[con Maduro] en marzo siguiente. Entre otras cosas, EE. UU. busca que el
gobierno de Maduro regrese a la mesa en Ciudad de México a cambio de un alivio
limitado de las sanciones. Aunque esas negociaciones siguen suspendidas, las
dos partes han discutido los términos de tres liberaciones de prisioneros,
incluido el intercambio a principios de octubre de siete ciudadanos
estadounidenses por los dos sobrinos de la primera dama venezolana encarcelados
por narcotráfico en EE. UU. Además, las conversaciones en Caracas entre el
gobierno y la oposición se han reanudado.
Un regreso al diálogo de
Ciudad de México sigue siendo posible. El principal incentivo para el gobierno
venezolano es la necesidad de un impulso económico. El país ha comenzado a
recuperarse de su colapso económico de 2013-2021, principalmente gracias a la
parcial dolarización y a la flexibilización de controles cambiarios y de
precios. Sin embargo, esa recuperación sin medidas efectivas, ha sido poco
significativa hasta la fecha. El creciente malestar laboral a mediados de 2022
obligó al gobierno a suavizar su programa de austeridad, lo que provocó un
aumento inmediato del precio del dólar y una nueva amenaza inflacionaria. A
menos de que el nivel de vida mejore para un segmento mucho más amplio de la
población de aquí a las elecciones, las posibilidades de reelección de Maduro
(sin recurrir a una restricción aún mayor de las actividades de la oposición)
se verán drásticamente reducidas.
En estas circunstancias, la
Unión Europea (UE) y sus Estados miembros deben:
1-. Instar a EE. UU. para
que tome medidas más contundentes para cambiar la estrategia de “máxima
presión” adoptada bajo la administración de Trump, incluso estableciendo un
cronograma claro para el posible alivio de las sanciones, como incentivo para
que Caracas retome las negociaciones de Ciudad de México con la oposición.
2-. Trabajar con aliados y
gobiernos regionales para forjar un amplio consenso en torno a unos términos de
convivencia política que podrían establecerse en las conversaciones de Ciudad
de México, una vez se reanuden. Estos términos podrían constituir el núcleo de
un acuerdo destinado a restaurar el pluralismo político, el respeto al Estado
de Derecho y la protección de las libertades civiles a cambio de un alivio de
las sanciones y de garantías adecuadas contra una eventual persecución al chavismo,
el movimiento político que lidera Maduro. El Grupo de Contacto Internacional
liderado por la UE y el Grupo de Amigos contemplado en el marco de las
conversaciones de Ciudad de México son mecanismos potencialmente útiles para
coordinar esfuerzos con los Estados latinoamericanos.
3-. Respaldar los esfuerzos
para resolver la disputa por el control de los activos externos de Venezuela,
fomentando la creación de un mecanismo neutral para la administración de dichos
activos, que pueda destinarlos para ciertos fines acordados, mientras se logra
un acuerdo político.
4-. Comprometerse a mantener
los actuales niveles de ayuda tanto para aliviar las condiciones de los
migrantes venezolanos en la región como para atender la emergencia humanitaria
al interior del país, con especial énfasis en la mitigación de los riesgos que
afectan a mujeres y niñas.
De la mano con la sociedad
civil y los líderes de la oposición, comprometerse con el gobierno de Maduro
para fomentar mejores condiciones para las elecciones presidenciales de 2024,
incluyendo la actualización del registro electoral, medidas para limitar la
interferencia estatal en la votación, una invitación para una misión de
observación electoral de la UE, y continuar apoyando los esfuerzos
multilaterales para fortalecer el respeto por los derechos humanos.
Un período de
restablecimiento de contactos
Tanto los actores externos
como los partidos nacionales están comenzando a cambiar sus tácticas hacia el
gobierno de Maduro a medida que se desvanece la política de “máxima presión”
lanzada por la administración Trump y sus socios en 2019. La política, que
consistió en mayores sanciones económicas, presión política y ocasionales
amenazas de fuerza militar, fracasó. A pesar de reconocerlo como presidente
interino, sus promotores no lograron instalar a Guaidó en el poder. Tampoco
lograron expulsar a Maduro. De hecho, la máxima presión esencialmente ha
consolidado el control del chavismo, mientras contribuye al empobrecimiento de
los venezolanos del común.
En América Latina y el Caribe,
el cambio de postura se debe en parte a cambios políticos en varios países
influyentes. La llegada (o regreso en algunos casos) al poder de gobiernos de
izquierda en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, Perú y México, y el
colapso tanto del Grupo de Lima (anti-Maduro) como de la Unión de Naciones
Suramericanas (prochavista), han dado como resultado tanto una menor
polarización regional en torno a la problemática venezolana como una postura
general más moderada hacia Caracas. Con algunas excepciones, los nuevos
gobiernos de izquierda tienen una simpatía condicional hacia el gobierno de
Maduro o lo critican de manera moderada, mientras que la derecha está en
retirada. El nuevo gobierno colombiano del presidente Petro dio un giro a la
postura de su antecesor Iván Duque, quien había roto las relaciones con
Caracas, inmediatamente después de asumir el cargo. Petro ha calificado a
Maduro de dictador en el pasado, pero los primeros indicios apuntan a que se
abstendrá de presionarlo públicamente en materia de derechos humanos y
democracia en un intento por avanzar en asuntos bilaterales, como el comercio y
las conversaciones de paz con la guerrilla colombiana del Ejército de
Liberación Nacional, algunos de cuyos miembros se han refugiado en Venezuela.
A nivel nacional, la
oposición venezolana también se ha inclinado hacia un mayor acercamiento,
aunque siguen existiendo significativas diferencias políticas en su dirección.
La divergencia de puntos de vista entre el “gobierno interino” (que incluye a
los aliados políticos de Guaidó) y otros en la Plataforma Unitaria (formada por
un conjunto más amplio de partidos de la oposición) es particularmente notoria,
como quedó demostrado en las elecciones regionales de 2021. La Plataforma
decidió participar a última hora, pero los círculos cercanos a Guaidó se
negaron a hacer campaña reflejando su escepticismo sobre un posible cambio
político a través de la participación en elecciones.
El gobierno interino no ha
renunciado por completo al diálogo, aunque los políticos de la Plataforma
cuestionan su compromiso. Los aliados de Guaidó han respaldado las
conversaciones con el gobierno en Ciudad de México que comenzaron en agosto de
2021 y fueron suspendidas por Caracas dos meses después. Las usaron para exigir
elecciones libres y justas en 2024, aunque muchos otros políticos de la
oposición sospechan que las condiciones del gobierno interino para unas
elecciones aceptables son poco realistas, lo que le servirá de pretexto para un
nuevo llamado a boicotearlas. Entre los cuatro principales partidos de la
Plataforma (conocidos como G4), el partido Voluntad Popular de Guaidó es visto
como intransigente, aunque gran parte de su base está comprometida con la
participación electoral.
En cuanto a EE. UU., también
ha mostrado una mayor disposición para entrar en conversaciones. Después de que
el gobierno suspendiera las negociaciones de Ciudad de México con la oposición,
el presidente Biden planteó la posibilidad de un alivio limitado de las
sanciones, incluida la reducción de las restricciones a las ventas de petróleo,
para que volviera a la mesa. Aunque esto no ha sucedido, y el gobierno de
Caracas no parece tener prisa por retomarlo, ha habido avances en otros
frentes: desde marzo, en dos ocasiones altos funcionarios estadounidenses han
sostenido conversaciones directas con Maduro en Caracas, logrando la liberación
de un total de nueve ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, más
recientemente a través de un intercambio de prisioneros anunciado el 1 de
octubre.
Mientras tanto,
representantes del gobierno y la oposición también se han reunido en Caracas
para discutir un plan para descongelar varios miles de millones de dólares en
activos venezolanos en el extranjero para financiar proyectos sociales y de
infraestructura, con el fin de firmar un acuerdo si se retoman las
conversaciones de México.
Manejar
tensiones económicas en medio de crisis humanitarias y de derechos humanos
El acuerdo que propone EE.
UU. para que Caracas retome los diálogos se produce en un momento en el que la
economía venezolana, a pesar de los modestos avances que ha tenido, sigue
enfrentando dificultades. Después de siete años consecutivos de contracción económica,
que recortó cerca del 80 por ciento de su PIB, Venezuela experimentó una tímida
recuperación en 2022, debido en parte al aumento de sus ingresos por los altos
precios del petróleo y a la reactivación del comercio del sector privado. Pero
la producción de petróleo, que en algún momento fue el pilar de la economía
venezolana, sigue estancada en alrededor de 700 000 barriles por día. Sin un
alivio significativo de las sanciones y una reforma económica genuina, Caracas
no tiene ninguna posibilidad de atraer la enorme cantidad de capital que
necesita para reactivar la industria. La flexibilización de los controles de
precios y la liberalización de los mercados de divisas pusieron fin a la
crónica escasez de productos básicos, y el gobierno controló la hiperinflación
recortando el gasto público y aplicando un feroz recorte monetario. Pero estas
medidas aún dejan a la gran mayoría de la población con unos ingresos demasiado
bajos para vivir, incluidos millones de trabajadores del sector público cuyos
salarios se han desplomado. Después de recibir incrementos salariales mucho más
bajos de lo esperado, las protestas de maestros y trabajadores de la salud
obligaron al gobierno a dar marcha atrás en agosto, lo que generó un aumento
adicional en la tasa de inflación, que nuevamente se dirige a los tres dígitos.
En este contexto, continúa
el éxodo de venezolanos, con casi siete millones que han huido del país, de una
población de alrededor de 30 millones. La mayoría ha salido desde 2014,
principalmente para escapar de la pobreza. Las precarias condiciones en las que
los migrantes se ven obligados a viajar, a menudo a pie, exponen
particularmente a las mujeres y niñas a la violencia de género, incluidas
violaciones y trata de personas con fines sexuales.
El
comportamiento represivo del gobierno contribuye a que confluyan la crisis
humanitaria y la de derechos humanos.
El comportamiento represivo
del gobierno contribuye a que confluyan la crisis humanitaria y la de derechos
humanos. Si bien el gobierno ha permitido que agencias de la ONU, incluido el
Programa Mundial de Alimentos, tengan cierto espacio para trabajar, aún impone
severas restricciones a las operaciones de ONG humanitarias. Mientras tanto, el
gobierno continúa sometiendo a los disidentes, desde políticos hasta activistas
laborales, a detenciones arbitrarias y retiene a cerca de 250 presos políticos.
El gobierno ha firmado un acuerdo con el fiscal de la Corte Penal Internacional
(CPI), prometiendo cooperación para llevar ante la justicia a los responsables
de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos a partir de la brutal
represión de manifestantes en 2017. También ha dado su consentimiento para la
creación de una oficina de derechos humanos de la ONU [en Venezuela], que la UE
ha respaldado recientemente con una donación de $3 millones de dólares (¿Quién administra?).
Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han realizado ninguna de las
reformas sustanciales a los sistemas judiciales y de aplicación de la ley del
país que sería necesarias para cumplir sus compromisos con el fiscal de la CPI.
Argumentando que se
encuentra bajo un asedio económico, el gobierno de Maduro, por su parte,
continúa insistiendo en la devolución de los activos estatales venezolanos
ubicados en EE. UU., Colombia y Gran Bretaña, que fueron transferidos al
gobierno interino liderado por Guaidó en 2019. Con la llegada al poder del
presidente Petro en 2022, el gobierno de Maduro recuperó el control del gigante
de fertilizantes Monómeros, una subsidiaria de la empresa petroquímica estatal
venezolana, con sede en Barranquilla, Colombia. Pero persiste la disputa sobre
los activos en EE. UU., así como las reservas de oro y divisas en el Banco de
Inglaterra. Representantes de Maduro y la oposición han estado negociando desde
marzo un acuerdo que, en su forma actual, permitiría descongelar más de $3000
millones de dólares para destinarlos a proyectos en las áreas de educación,
salud, suministro de agua y alimentación. Como se señaló anteriormente, una
posibilidad que las partes están explorando es que, en espera de una resolución
negociada de la crisis venezolana, los activos externos puedan ser
administrados por un organismo políticamente neutro.
Las
elecciones presidenciales de 2024
Con las elecciones de 2024 acercándose, las perspectivas de una reforma electoral son inciertas. Ha habido algunos avances en los últimos años. Las elecciones locales y regionales de 2021 se llevaron a cabo en condiciones relativamente mejores a las de las elecciones legislativas del año anterior y otras celebradas desde 2015. Negociaciones entre el gobierno y elementos de la sociedad civil, acompañados por algunos miembros moderados de la oposición, llevaron a la formación de un Consejo Nacional Electoral ligeramente más equilibrado, con dos (de cinco) rectores principales alineados con la oposición. Por invitación del gobierno, la UE envió observadores para monitorear las elecciones. La misión informó que la tabulación de votos se realizó en general “sin problemas ni quejas”, pero hizo 23 recomendaciones para mejorar las condiciones electorales, entre ellas, evitar la “invasión de las competencias del poder electoral” por parte del poder judicial y el cese de la prohibición a ciudadanos para postularse como candidatos políticos sin el debido proceso. La reforma política se ha estancado desde entonces, y el nuevo y más pequeño Tribunal Supremo de Justicia, creado en abril, sólo reforzó el control de Maduro sobre el poder judicial, que anteriormente ha jugado un papel clave en la neutralización de las campañas electorales de la oposición.
Incluso si se reanudan las
conversaciones a gran escala en Ciudad de México, el gobierno podría tener
reparos en hacer muchas más concesiones con respecto a las condiciones
electorales. Funcionarios de alto rango le dijeron a Crisis Group que Caracas
no está dispuesta a arriesgarse a perder el poder en las urnas, después de
haber sobrevivido años de presiones nacionales e internacionales. Fuentes al
interior del chavismo también dicen que el liderazgo teme que, si la oposición
llega a ganar, pueda cobrar venganza contra los chavistas. En realidad, incluso
si llegara a haber una victoria de la oposición en las elecciones de 2024 y,
por improbable que parezca en este momento, el gobierno reconociera su derrota,
no habría una verdadera alternancia del poder sin un acuerdo político integral
entre las partes. Por el contrario, un poder ejecutivo liderado por la
oposición con toda seguridad se vería obstaculizado por el control chavista
sobre todas las instituciones públicas, incluidas la legislatura, el poder
judicial y las fuerzas de seguridad.
Aunque es probable que el
gobierno se oponga a la mayor parte de las reformas electorales, aún puede
haber cierto margen de progreso de aquí a 2024. Fuentes del consejo electoral
afirman que la sociedad civil y sus socios, tanto en la oposición como en el
extranjero, aún podrían lograr una mejora significativa de las condiciones para
las elecciones si se centran en dos o tres áreas críticas, como, por ejemplo,
la calidad del censo electoral y la independencia de los funcionarios
electorales a nivel local y regional. El gobierno es reacio a invitar a
observadores electorales internacionales, pero al mismo tiempo está ansioso por
que las elecciones sean consideradas legítimas, por lo que la idea no está
descartada. Además, algunas personas cercanas al gobierno incluso sugieren la
disposición de considerar el 2024 como un trampolín hacia unas elecciones
presidenciales plenamente competitivas en 2030, aunque no a cambio de una
pérdida total de poder político. En este contexto, y salvo que se produzca un
cambio significativo en los acontecimientos, el escenario más optimista para
2024 es el de unas elecciones que muestren un progreso con respecto a las
anteriores (incluso si la baraja sigue estando en contra de un cambio de
gobierno), con monitoreo internacional, que genere un resultado aceptado por
ambas partes y proporcione una base para continuar avanzando, más
inmediatamente en las elecciones a la Asamblea Nacional previstas para el
siguiente año.
Allanando
el camino para el progreso
Mientras la UE y sus Estados
miembros trabajen para apoyar la estabilidad y la reforma democrática en
Venezuela, es probable que seguirán comprobando lo dolorosamente lentos que
resultan los avances hacia una solución sostenible y negociada, capaz de
restaurar el respeto por los derechos humanos, el Estado de Derecho y las
elecciones libres. La posición predeterminada del gobierno de Maduro ha sido
hacer lo necesario para conservar el poder y parece dispuesto a seguir haciéndolo
en el futuro inmediato. Sumado a esto,
los líderes de la oposición, especialmente aquellos que forman parte del
gobierno interino o que se benefician del acceso a los fondos externos de
Venezuela que de otro modo estarían congelados y quienes con frecuencia viven
en el extranjero, también parecen preferir el statu quo a
cualquier cosa que no sea un cambio de régimen. Su resistencia a las
medidas que podrían mejorar el nivel de vida de los venezolanos del común, por
ejemplo, a través del alivio de las sanciones, a veces parece estar motivada
por la preocupación de que hacerlo reforzaría la posición política de Maduro.
No obstante, la UE y los Estados miembros pueden y deben hacer más para ayudar
a crear las bases para un cambio positivo.
En primer lugar, pueden
intentar presionar a Washington para que sea más pragmático y proactivo en su
apoyo a una solución negociada. Idealmente, la administración Biden dejaría de
insistir en el reconocimiento del gobierno interino (que genera fricciones
innecesarias y es cada vez más difícil de justificar legal y políticamente).
También resistiría los llamados de la línea dura de la oposición y algunos
altos miembros del Congreso para que imponga sanciones adicionales y ofrecería
más incentivos para promover el regreso a las negociaciones de Ciudad de México
entre el gobierno y la oposición. Estos incentivos podrían incluir un alivio
parcial de las sanciones no petroleras y suspender la recompensa de $15
millones de dólares por la detención de Maduro. Además, la UE y los Estados
miembros deben trabajar con la ONU y otros organismos multilaterales para
ayudar a diseñar un mecanismo neutral para administrar los fondos congelados
del gobierno como parte de un acuerdo para que estén disponibles para ciertos
fines humanitarios. También deben continuar apoyando los esfuerzos para
fortalecer el respeto del gobierno por los derechos humanos a través de la
investigación de la ONU y la CPI.
En segundo lugar, la UE y
los Estados miembros deben trabajar en estrecha colaboración con los vecinos de
Venezuela para construir un nuevo consenso en torno a los elementos clave de un
acuerdo político sostenible entre el gobierno y la oposición que ayude a
restaurar el Estado de Derecho y las libertades políticas, en lugar de
simplemente restaurar las relaciones y aceptar el statu quo. Un amplio grupo de
naciones debe realizar un esfuerzo concertado para persuadir al gobierno y la
oposición a hacer concesiones recíprocas que podrían constituir el núcleo de un
acuerdo y abrir un camino hacia el pluralismo y un sistema político más estable
en Venezuela. Éstas podrían comenzar con un alivio de las sanciones económicas
de EE. UU. y garantías adecuadas en relación con las demandas chavistas de
protección frente a eventuales persecuciones, a cambio de que el gobierno tome
medidas para liberar a los presos políticos y eliminar las restricciones a la
oposición, grupos de la sociedad civil y medios de comunicación independientes.
A pesar de su suspensión,
las conversaciones facilitadas por Noruega en Ciudad de México continúan
ofreciendo un mecanismo para llegar a un acuerdo definitivo, y la UE y los
Estados miembros deben estar preparados para ofrecer más incentivos materiales
para fomentar esas negociaciones. El Grupo de Contacto Internacional liderado
por la UE, creado en 2019 para buscar tanto una solución política como el
alivio de la situación humanitaria, podría ser un instrumento para reunir el
respaldo de los Estados latinoamericanos, al igual que la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, que tiene previsto celebrar una reunión de ministros
de Asuntos Exteriores con la UE en octubre. Como alternativa, estas naciones
también podrían ser incluidas en el mecanismo del Grupo de Amigos contemplado
en el marco de las conversaciones de México para apoyar las negociaciones.
Aunque un contacto directo de Europa con Rusia y China para involucrarlos en el
proceso puede ser un desafío dada la situación en Ucrania, es posible que los
actores regionales puedan hacerlo, y Bruselas debe alentarlos para que lo
hagan. A pesar de [la situación en] Ucrania, la UE y los gobiernos europeos han
encontrado formas de participar en una cooperación limitada al servicio de la
paz y la seguridad en otros lugares. En este caso también deben hacerlo.
En tercer lugar,
reconociendo las limitaciones impuestas por la actual crisis global, la UE y
los Estados miembros deben comprometerse a, al menos, mantener los niveles
actuales y, si es posible, aumentar los recursos destinados a mitigar los
efectos del éxodo migratorio en la región y a enfrentar la emergencia
humanitaria al interior de Venezuela. La
ayuda para los venezolanos está muy por debajo del nivel de asistencia similar
que presta la UE en África y Medio Oriente. La eficacia del paquete de
ayuda humanitaria mejoraría si se garantiza la totalidad del monto anual desde
el comienzo de cada año (con el compromiso de mantener la totalidad del actual
gasto anual). También sería útil que los donantes coordinaran sus
contribuciones a través de Team Europe. Un aspecto especialmente preocupante es
la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la violencia y explotación
sexual, en particular en las rutas de migración informal que ahora incluyen la
peligrosa travesía a Panamá a través del Tapón del Darién. La UE debe presionar a los gobiernos de la región para que implementen
plenamente las disposiciones de las leyes y tratados que prohíben la trata de
personas y la esclavitud sexual y para que financien servicios de apoyo.
Por último, la UE y los
Estados miembros deben trabajar con la sociedad civil y los líderes de la
oposición para intentar avanzar en las dos o tres reformas electorales
puntuales que parecen más prometedoras antes de las elecciones de 2024. En
particular, deben insistir en una actualización exhaustiva del registro
electoral, que actualmente excluye a millones de venezolanos, y apoyar las
medidas para garantizar que los organismos electorales locales y estatales, así
como las autoridades de los puestos de votación, sean autónomos y representativos
de las diversas fuerzas políticas. Deben
presionar al gobierno para que elimine la práctica de utilizar la Contraloría
General para impedir la postulación de candidatos con base en denuncias de
corrupción sin el debido proceso. También deben solicitar una invitación
para una misión de observación de la UE para las elecciones presidenciales de
2024.
FUENTE: INTERNATIONAL CRISIS GROUP
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