(At the end, the text in
English)
La prolongada crisis
política de Venezuela ha entrado en una fase menos turbulenta, en la que la
mayoría de los opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro, tanto
nacionales como extranjeros, ha reducido sus tácticas de confrontación. Con la
elección de nuevos gobiernos de tendencia izquierdista en varios países, ha
disminuido el apetito por relaciones antagónicas con Caracas. Mientras
Washington y un puñado de aliados cercanos de EE. UU,aún insisten en que el
“presidente interino” Juan Guaidó, expresidente de la asamblea, es el líder
legítimo del país, la mayoría de los gobiernos que en algún momento se negaron
a reconocer a Maduro o redujeron su presencia diplomática en Caracas ahora
están cambiando de rumbo o planean hacerlo. En la vecina Colombia, el
presidente Gustavo Petro actuó de inmediato al asumir el poder en agosto para
restablecer relaciones e intercambiar embajadores. Tras boicotear una serie de
elecciones nacionales, la principal alianza de la oposición venezolana, ahora
conocida como la Plataforma Unitaria, participó en los comicios locales y
regionales en noviembre de 2021 y se prepara para llevar a cabo elecciones
primarias para elegir a su candidato presidencial para 2024.
La política estadounidense
también ha evolucionado. A pesar de mantener su respaldo a Guaidó, la
administración del presidente Joe Biden ha moderado las fallidas maniobras
económicas y políticas de “máxima presión” que heredó de su predecesor. Después
de que en octubre de 2021 el gobierno de Maduro se retirara de las
conversaciones con la Plataforma Unitaria en Ciudad de México, Washington
evaluó diversas opciones y finalmente decidió iniciar conversaciones directas
[con Maduro] en marzo siguiente. Entre otras cosas, EE. UU. busca que el
gobierno de Maduro regrese a la mesa en Ciudad de México a cambio de un alivio
limitado de las sanciones. Aunque esas negociaciones siguen suspendidas, las
dos partes han discutido los términos de tres liberaciones de prisioneros,
incluido el intercambio a principios de octubre de siete ciudadanos
estadounidenses por los dos sobrinos de la primera dama venezolana encarcelados
por narcotráfico en EE. UU. Además, las conversaciones en Caracas entre el
gobierno y la oposición se han reanudado.
Un regreso al diálogo de
Ciudad de México sigue siendo posible. El principal incentivo para el gobierno
venezolano es la necesidad de un impulso económico. El país ha comenzado a
recuperarse de su colapso económico de 2013-2021, principalmente gracias a la
parcial dolarización y a la flexibilización de controles cambiarios y de
precios. Sin embargo, esa recuperación sin medidas efectivas, ha sido poco
significativa hasta la fecha. El creciente malestar laboral a mediados de 2022
obligó al gobierno a suavizar su programa de austeridad, lo que provocó un
aumento inmediato del precio del dólar y una nueva amenaza inflacionaria. A
menos de que el nivel de vida mejore para un segmento mucho más amplio de la
población de aquí a las elecciones, las posibilidades de reelección de Maduro
(sin recurrir a una restricción aún mayor de las actividades de la oposición)
se verán drásticamente reducidas.
En estas circunstancias, la
Unión Europea (UE) y sus Estados miembros deben:
1-. Instar a EE. UU. para
que tome medidas más contundentes para cambiar la estrategia de “máxima
presión” adoptada bajo la administración de Trump, incluso estableciendo un
cronograma claro para el posible alivio de las sanciones, como incentivo para
que Caracas retome las negociaciones de Ciudad de México con la oposición.
2-. Trabajar con aliados y
gobiernos regionales para forjar un amplio consenso en torno a unos términos de
convivencia política que podrían establecerse en las conversaciones de Ciudad
de México, una vez se reanuden. Estos términos podrían constituir el núcleo de
un acuerdo destinado a restaurar el pluralismo político, el respeto al Estado
de Derecho y la protección de las libertades civiles a cambio de un alivio de
las sanciones y de garantías adecuadas contra una eventual persecución al chavismo,
el movimiento político que lidera Maduro. El Grupo de Contacto Internacional
liderado por la UE y el Grupo de Amigos contemplado en el marco de las
conversaciones de Ciudad de México son mecanismos potencialmente útiles para
coordinar esfuerzos con los Estados latinoamericanos.
3-. Respaldar los esfuerzos
para resolver la disputa por el control de los activos externos de Venezuela,
fomentando la creación de un mecanismo neutral para la administración de dichos
activos, que pueda destinarlos para ciertos fines acordados, mientras se logra
un acuerdo político.
4-. Comprometerse a mantener
los actuales niveles de ayuda tanto para aliviar las condiciones de los
migrantes venezolanos en la región como para atender la emergencia humanitaria
al interior del país, con especial énfasis en la mitigación de los riesgos que
afectan a mujeres y niñas.
De la mano con la sociedad
civil y los líderes de la oposición, comprometerse con el gobierno de Maduro
para fomentar mejores condiciones para las elecciones presidenciales de 2024,
incluyendo la actualización del registro electoral, medidas para limitar la
interferencia estatal en la votación, una invitación para una misión de
observación electoral de la UE, y continuar apoyando los esfuerzos
multilaterales para fortalecer el respeto por los derechos humanos.
Un período de
restablecimiento de contactos
Tanto los actores externos
como los partidos nacionales están comenzando a cambiar sus tácticas hacia el
gobierno de Maduro a medida que se desvanece la política de “máxima presión”
lanzada por la administración Trump y sus socios en 2019. La política, que
consistió en mayores sanciones económicas, presión política y ocasionales
amenazas de fuerza militar, fracasó. A pesar de reconocerlo como presidente
interino, sus promotores no lograron instalar a Guaidó en el poder. Tampoco
lograron expulsar a Maduro. De hecho, la máxima presión esencialmente ha
consolidado el control del chavismo, mientras contribuye al empobrecimiento de
los venezolanos del común.
En América Latina y el Caribe,
el cambio de postura se debe en parte a cambios políticos en varios países
influyentes. La llegada (o regreso en algunos casos) al poder de gobiernos de
izquierda en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, Perú y México, y el
colapso tanto del Grupo de Lima (anti-Maduro) como de la Unión de Naciones
Suramericanas (prochavista), han dado como resultado tanto una menor
polarización regional en torno a la problemática venezolana como una postura
general más moderada hacia Caracas. Con algunas excepciones, los nuevos
gobiernos de izquierda tienen una simpatía condicional hacia el gobierno de
Maduro o lo critican de manera moderada, mientras que la derecha está en
retirada. El nuevo gobierno colombiano del presidente Petro dio un giro a la
postura de su antecesor Iván Duque, quien había roto las relaciones con
Caracas, inmediatamente después de asumir el cargo. Petro ha calificado a
Maduro de dictador en el pasado, pero los primeros indicios apuntan a que se
abstendrá de presionarlo públicamente en materia de derechos humanos y
democracia en un intento por avanzar en asuntos bilaterales, como el comercio y
las conversaciones de paz con la guerrilla colombiana del Ejército de
Liberación Nacional, algunos de cuyos miembros se han refugiado en Venezuela.
A nivel nacional, la
oposición venezolana también se ha inclinado hacia un mayor acercamiento,
aunque siguen existiendo significativas diferencias políticas en su dirección.
La divergencia de puntos de vista entre el “gobierno interino” (que incluye a
los aliados políticos de Guaidó) y otros en la Plataforma Unitaria (formada por
un conjunto más amplio de partidos de la oposición) es particularmente notoria,
como quedó demostrado en las elecciones regionales de 2021. La Plataforma
decidió participar a última hora, pero los círculos cercanos a Guaidó se
negaron a hacer campaña reflejando su escepticismo sobre un posible cambio
político a través de la participación en elecciones.
El gobierno interino no ha
renunciado por completo al diálogo, aunque los políticos de la Plataforma
cuestionan su compromiso. Los aliados de Guaidó han respaldado las
conversaciones con el gobierno en Ciudad de México que comenzaron en agosto de
2021 y fueron suspendidas por Caracas dos meses después. Las usaron para exigir
elecciones libres y justas en 2024, aunque muchos otros políticos de la
oposición sospechan que las condiciones del gobierno interino para unas
elecciones aceptables son poco realistas, lo que le servirá de pretexto para un
nuevo llamado a boicotearlas. Entre los cuatro principales partidos de la
Plataforma (conocidos como G4), el partido Voluntad Popular de Guaidó es visto
como intransigente, aunque gran parte de su base está comprometida con la
participación electoral.
En cuanto a EE. UU., también
ha mostrado una mayor disposición para entrar en conversaciones. Después de que
el gobierno suspendiera las negociaciones de Ciudad de México con la oposición,
el presidente Biden planteó la posibilidad de un alivio limitado de las
sanciones, incluida la reducción de las restricciones a las ventas de petróleo,
para que volviera a la mesa. Aunque esto no ha sucedido, y el gobierno de
Caracas no parece tener prisa por retomarlo, ha habido avances en otros
frentes: desde marzo, en dos ocasiones altos funcionarios estadounidenses han
sostenido conversaciones directas con Maduro en Caracas, logrando la liberación
de un total de nueve ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, más
recientemente a través de un intercambio de prisioneros anunciado el 1 de
octubre.
Mientras tanto,
representantes del gobierno y la oposición también se han reunido en Caracas
para discutir un plan para descongelar varios miles de millones de dólares en
activos venezolanos en el extranjero para financiar proyectos sociales y de
infraestructura, con el fin de firmar un acuerdo si se retoman las
conversaciones de México.
Manejar
tensiones económicas en medio de crisis humanitarias y de derechos humanos
El acuerdo que propone EE.
UU. para que Caracas retome los diálogos se produce en un momento en el que la
economía venezolana, a pesar de los modestos avances que ha tenido, sigue
enfrentando dificultades. Después de siete años consecutivos de contracción económica,
que recortó cerca del 80 por ciento de su PIB, Venezuela experimentó una tímida
recuperación en 2022, debido en parte al aumento de sus ingresos por los altos
precios del petróleo y a la reactivación del comercio del sector privado. Pero
la producción de petróleo, que en algún momento fue el pilar de la economía
venezolana, sigue estancada en alrededor de 700 000 barriles por día. Sin un
alivio significativo de las sanciones y una reforma económica genuina, Caracas
no tiene ninguna posibilidad de atraer la enorme cantidad de capital que
necesita para reactivar la industria. La flexibilización de los controles de
precios y la liberalización de los mercados de divisas pusieron fin a la
crónica escasez de productos básicos, y el gobierno controló la hiperinflación
recortando el gasto público y aplicando un feroz recorte monetario. Pero estas
medidas aún dejan a la gran mayoría de la población con unos ingresos demasiado
bajos para vivir, incluidos millones de trabajadores del sector público cuyos
salarios se han desplomado. Después de recibir incrementos salariales mucho más
bajos de lo esperado, las protestas de maestros y trabajadores de la salud
obligaron al gobierno a dar marcha atrás en agosto, lo que generó un aumento
adicional en la tasa de inflación, que nuevamente se dirige a los tres dígitos.
En este contexto, continúa
el éxodo de venezolanos, con casi siete millones que han huido del país, de una
población de alrededor de 30 millones. La mayoría ha salido desde 2014,
principalmente para escapar de la pobreza. Las precarias condiciones en las que
los migrantes se ven obligados a viajar, a menudo a pie, exponen
particularmente a las mujeres y niñas a la violencia de género, incluidas
violaciones y trata de personas con fines sexuales.
El
comportamiento represivo del gobierno contribuye a que confluyan la crisis
humanitaria y la de derechos humanos.
El comportamiento represivo
del gobierno contribuye a que confluyan la crisis humanitaria y la de derechos
humanos. Si bien el gobierno ha permitido que agencias de la ONU, incluido el
Programa Mundial de Alimentos, tengan cierto espacio para trabajar, aún impone
severas restricciones a las operaciones de ONG humanitarias. Mientras tanto, el
gobierno continúa sometiendo a los disidentes, desde políticos hasta activistas
laborales, a detenciones arbitrarias y retiene a cerca de 250 presos políticos.
El gobierno ha firmado un acuerdo con el fiscal de la Corte Penal Internacional
(CPI), prometiendo cooperación para llevar ante la justicia a los responsables
de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos a partir de la brutal
represión de manifestantes en 2017. También ha dado su consentimiento para la
creación de una oficina de derechos humanos de la ONU [en Venezuela], que la UE
ha respaldado recientemente con una donación de $3 millones de dólares (¿Quién administra?).
Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han realizado ninguna de las
reformas sustanciales a los sistemas judiciales y de aplicación de la ley del
país que sería necesarias para cumplir sus compromisos con el fiscal de la CPI.
Argumentando que se
encuentra bajo un asedio económico, el gobierno de Maduro, por su parte,
continúa insistiendo en la devolución de los activos estatales venezolanos
ubicados en EE. UU., Colombia y Gran Bretaña, que fueron transferidos al
gobierno interino liderado por Guaidó en 2019. Con la llegada al poder del
presidente Petro en 2022, el gobierno de Maduro recuperó el control del gigante
de fertilizantes Monómeros, una subsidiaria de la empresa petroquímica estatal
venezolana, con sede en Barranquilla, Colombia. Pero persiste la disputa sobre
los activos en EE. UU., así como las reservas de oro y divisas en el Banco de
Inglaterra. Representantes de Maduro y la oposición han estado negociando desde
marzo un acuerdo que, en su forma actual, permitiría descongelar más de $3000
millones de dólares para destinarlos a proyectos en las áreas de educación,
salud, suministro de agua y alimentación. Como se señaló anteriormente, una
posibilidad que las partes están explorando es que, en espera de una resolución
negociada de la crisis venezolana, los activos externos puedan ser
administrados por un organismo políticamente neutro.
Las
elecciones presidenciales de 2024
Con las elecciones de 2024
acercándose, las perspectivas de una reforma electoral son inciertas. Ha habido
algunos avances en los últimos años. Las elecciones locales y regionales de
2021 se llevaron a cabo en condiciones relativamente mejores a las de las
elecciones legislativas del año anterior y otras celebradas desde 2015.
Negociaciones entre el gobierno y elementos de la sociedad civil, acompañados
por algunos miembros moderados de la oposición, llevaron a la formación de un
Consejo Nacional Electoral ligeramente más equilibrado, con dos (de cinco)
rectores principales alineados con la oposición. Por invitación del gobierno,
la UE envió observadores para monitorear las elecciones. La misión informó que
la tabulación de votos se realizó en general “sin problemas ni quejas”, pero
hizo 23 recomendaciones para mejorar las condiciones electorales, entre ellas,
evitar la “invasión de las competencias del poder electoral” por parte del
poder judicial y el cese de la prohibición a ciudadanos para postularse como
candidatos políticos sin el debido proceso. La reforma política se ha estancado
desde entonces, y el nuevo y más pequeño Tribunal Supremo de Justicia, creado
en abril, sólo reforzó el control de Maduro sobre el poder judicial, que
anteriormente ha jugado un papel clave en la neutralización de las campañas electorales
de la oposición.
Incluso si se reanudan las
conversaciones a gran escala en Ciudad de México, el gobierno podría tener
reparos en hacer muchas más concesiones con respecto a las condiciones
electorales. Funcionarios de alto rango le dijeron a Crisis Group que Caracas
no está dispuesta a arriesgarse a perder el poder en las urnas, después de
haber sobrevivido años de presiones nacionales e internacionales. Fuentes al
interior del chavismo también dicen que el liderazgo teme que, si la oposición
llega a ganar, pueda cobrar venganza contra los chavistas. En realidad, incluso
si llegara a haber una victoria de la oposición en las elecciones de 2024 y,
por improbable que parezca en este momento, el gobierno reconociera su derrota,
no habría una verdadera alternancia del poder sin un acuerdo político integral
entre las partes. Por el contrario, un poder ejecutivo liderado por la
oposición con toda seguridad se vería obstaculizado por el control chavista
sobre todas las instituciones públicas, incluidas la legislatura, el poder
judicial y las fuerzas de seguridad.
Aunque es probable que el
gobierno se oponga a la mayor parte de las reformas electorales, aún puede
haber cierto margen de progreso de aquí a 2024. Fuentes del consejo electoral
afirman que la sociedad civil y sus socios, tanto en la oposición como en el
extranjero, aún podrían lograr una mejora significativa de las condiciones para
las elecciones si se centran en dos o tres áreas críticas, como, por ejemplo,
la calidad del censo electoral y la independencia de los funcionarios
electorales a nivel local y regional. El gobierno es reacio a invitar a
observadores electorales internacionales, pero al mismo tiempo está ansioso por
que las elecciones sean consideradas legítimas, por lo que la idea no está
descartada. Además, algunas personas cercanas al gobierno incluso sugieren la
disposición de considerar el 2024 como un trampolín hacia unas elecciones
presidenciales plenamente competitivas en 2030, aunque no a cambio de una
pérdida total de poder político. En este contexto, y salvo que se produzca un
cambio significativo en los acontecimientos, el escenario más optimista para
2024 es el de unas elecciones que muestren un progreso con respecto a las
anteriores (incluso si la baraja sigue estando en contra de un cambio de
gobierno), con monitoreo internacional, que genere un resultado aceptado por
ambas partes y proporcione una base para continuar avanzando, más
inmediatamente en las elecciones a la Asamblea Nacional previstas para el
siguiente año.
Allanando
el camino para el progreso
Mientras la UE y sus Estados
miembros trabajen para apoyar la estabilidad y la reforma democrática en
Venezuela, es probable que seguirán comprobando lo dolorosamente lentos que
resultan los avances hacia una solución sostenible y negociada, capaz de
restaurar el respeto por los derechos humanos, el Estado de Derecho y las
elecciones libres. La posición predeterminada del gobierno de Maduro ha sido
hacer lo necesario para conservar el poder y parece dispuesto a seguir haciéndolo
en el futuro inmediato. Sumado a esto,
los líderes de la oposición, especialmente aquellos que forman parte del
gobierno interino o que se benefician del acceso a los fondos externos de
Venezuela que de otro modo estarían congelados y quienes con frecuencia viven
en el extranjero, también parecen preferir el statu quo a
cualquier cosa que no sea un cambio de régimen. Su resistencia a las
medidas que podrían mejorar el nivel de vida de los venezolanos del común, por
ejemplo, a través del alivio de las sanciones, a veces parece estar motivada
por la preocupación de que hacerlo reforzaría la posición política de Maduro.
No obstante, la UE y los Estados miembros pueden y deben hacer más para ayudar
a crear las bases para un cambio positivo.
En primer lugar, pueden
intentar presionar a Washington para que sea más pragmático y proactivo en su
apoyo a una solución negociada. Idealmente, la administración Biden dejaría de
insistir en el reconocimiento del gobierno interino (que genera fricciones
innecesarias y es cada vez más difícil de justificar legal y políticamente).
También resistiría los llamados de la línea dura de la oposición y algunos
altos miembros del Congreso para que imponga sanciones adicionales y ofrecería
más incentivos para promover el regreso a las negociaciones de Ciudad de México
entre el gobierno y la oposición. Estos incentivos podrían incluir un alivio
parcial de las sanciones no petroleras y suspender la recompensa de $15
millones de dólares por la detención de Maduro. Además, la UE y los Estados
miembros deben trabajar con la ONU y otros organismos multilaterales para
ayudar a diseñar un mecanismo neutral para administrar los fondos congelados
del gobierno como parte de un acuerdo para que estén disponibles para ciertos
fines humanitarios. También deben continuar apoyando los esfuerzos para
fortalecer el respeto del gobierno por los derechos humanos a través de la
investigación de la ONU y la CPI.
En segundo lugar, la UE y
los Estados miembros deben trabajar en estrecha colaboración con los vecinos de
Venezuela para construir un nuevo consenso en torno a los elementos clave de un
acuerdo político sostenible entre el gobierno y la oposición que ayude a
restaurar el Estado de Derecho y las libertades políticas, en lugar de
simplemente restaurar las relaciones y aceptar el statu quo. Un amplio grupo de
naciones debe realizar un esfuerzo concertado para persuadir al gobierno y la
oposición a hacer concesiones recíprocas que podrían constituir el núcleo de un
acuerdo y abrir un camino hacia el pluralismo y un sistema político más estable
en Venezuela. Éstas podrían comenzar con un alivio de las sanciones económicas
de EE. UU. y garantías adecuadas en relación con las demandas chavistas de
protección frente a eventuales persecuciones, a cambio de que el gobierno tome
medidas para liberar a los presos políticos y eliminar las restricciones a la
oposición, grupos de la sociedad civil y medios de comunicación independientes.
A pesar de su suspensión,
las conversaciones facilitadas por Noruega en Ciudad de México continúan
ofreciendo un mecanismo para llegar a un acuerdo definitivo, y la UE y los
Estados miembros deben estar preparados para ofrecer más incentivos materiales
para fomentar esas negociaciones. El Grupo de Contacto Internacional liderado
por la UE, creado en 2019 para buscar tanto una solución política como el
alivio de la situación humanitaria, podría ser un instrumento para reunir el
respaldo de los Estados latinoamericanos, al igual que la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, que tiene previsto celebrar una reunión de ministros
de Asuntos Exteriores con la UE en octubre. Como alternativa, estas naciones
también podrían ser incluidas en el mecanismo del Grupo de Amigos contemplado
en el marco de las conversaciones de México para apoyar las negociaciones.
Aunque un contacto directo de Europa con Rusia y China para involucrarlos en el
proceso puede ser un desafío dada la situación en Ucrania, es posible que los
actores regionales puedan hacerlo, y Bruselas debe alentarlos para que lo
hagan. A pesar de [la situación en] Ucrania, la UE y los gobiernos europeos han
encontrado formas de participar en una cooperación limitada al servicio de la
paz y la seguridad en otros lugares. En este caso también deben hacerlo.
En tercer lugar,
reconociendo las limitaciones impuestas por la actual crisis global, la UE y
los Estados miembros deben comprometerse a, al menos, mantener los niveles
actuales y, si es posible, aumentar los recursos destinados a mitigar los
efectos del éxodo migratorio en la región y a enfrentar la emergencia
humanitaria al interior de Venezuela. La
ayuda para los venezolanos está muy por debajo del nivel de asistencia similar
que presta la UE en África y Medio Oriente. La eficacia del paquete de
ayuda humanitaria mejoraría si se garantiza la totalidad del monto anual desde
el comienzo de cada año (con el compromiso de mantener la totalidad del actual
gasto anual). También sería útil que los donantes coordinaran sus
contribuciones a través de Team Europe. Un aspecto especialmente preocupante es
la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la violencia y explotación
sexual, en particular en las rutas de migración informal que ahora incluyen la
peligrosa travesía a Panamá a través del Tapón del Darién. La UE debe presionar a los gobiernos de la región para que implementen
plenamente las disposiciones de las leyes y tratados que prohíben la trata de
personas y la esclavitud sexual y para que financien servicios de apoyo.
Por último, la UE y los
Estados miembros deben trabajar con la sociedad civil y los líderes de la
oposición para intentar avanzar en las dos o tres reformas electorales
puntuales que parecen más prometedoras antes de las elecciones de 2024. En
particular, deben insistir en una actualización exhaustiva del registro
electoral, que actualmente excluye a millones de venezolanos, y apoyar las
medidas para garantizar que los organismos electorales locales y estatales, así
como las autoridades de los puestos de votación, sean autónomos y representativos
de las diversas fuerzas políticas. Deben
presionar al gobierno para que elimine la práctica de utilizar la Contraloría
General para impedir la postulación de candidatos con base en denuncias de
corrupción sin el debido proceso. También deben solicitar una invitación
para una misión de observación de la UE para las elecciones presidenciales de
2024.
FUENTE: INTERNATIONAL CRISIS GROUP
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Proyectos públicos o sociales.
Proyectos comunitarios.
Proyectos de vida.
Venezuela's protracted
political crisis has entered a less turbulent phase, in which most opponents of
President Nicolás Maduro's government, both domestic and foreign, have scaled
back their confrontational tactics. With the election of new left-leaning
governments in several countries, the appetite for antagonistic relations with
Caracas has diminished. While Washington and a handful of close US allies still
insist that "interim president" Juan Guaidó, a former president of
the assembly, is the country's legitimate leader, most governments that once
refused to recognize Maduro or reduced their diplomatic presence in Caracas are
now changing course or planning to do so. In neighboring Colombia, President
Gustavo Petro acted immediately upon assuming power in August to restore
relations and exchange ambassadors. After boycotting a series of national
elections, the main Venezuelan opposition alliance, now known as the Unitarian
Platform, participated in local and regional elections in November 2021 and is
preparing to hold primary elections to choose its presidential candidate for
2024.
American politics has also
evolved. Despite maintaining its support for Guaidó, the administration of
President Joe Biden has tempered the failed “maximum pressure” economic and
political maneuvers it inherited from its predecessor. After the Maduro
government withdrew from talks with the United Platform in Mexico City in
October 2021, Washington evaluated various options and finally decided to start
direct talks [with Maduro] the following March. Among other things, the US is
seeking to bring the Maduro government back to the table in Mexico City in
exchange for limited sanctions relief. Although those negotiations remain
suspended, the two sides have discussed the terms of three prisoner releases,
including the exchange in early October of seven US citizens for the two
nephews of the Venezuelan first lady imprisoned for drug trafficking in the US
In addition, talks in Caracas between the government and the opposition have
resumed.
A return to the Mexico City
dialogue is still possible. The main incentive for the Venezuelan government is
the need for an economic boost. The country has begun to recover from its
economic collapse of 2013-2021, mainly thanks to partial dollarization and the
relaxation of exchange and price controls. However, this recovery without
effective measures has been insignificant to date. Growing labor unrest in
mid-2022 forced the government to ease its austerity program, prompting an
immediate rise in the price of the dollar and a new inflation threat. Unless
the standard of living improves for a much larger segment of the population
between now and the elections, Maduro's chances of re-election (without
resorting to further restriction of opposition activities) will be drastically
reduced.
In these circumstances, the
European Union (EU) and its Member States must:
1-. Urge the US to take
stronger steps to change the “maximum pressure” strategy adopted under the
Trump administration, including setting a clear timeline for potential
sanctions relief, as an incentive for Caracas to resume negotiations on Mexico
City with the opposition.
2 -. Work with allies and
regional governments to forge a broad consensus around terms of political
coexistence that could be established at the Mexico City talks, once they
resume. These terms could form the core of an agreement aimed at restoring political
pluralism, respect for the rule of law and the protection of civil liberties in
exchange for relief from sanctions and adequate guarantees against eventual
persecution of Chavismo, the movement politician led by Maduro. The
International Contact Group led by the EU and the Group of Friends contemplated
in the framework of the City of Mexico are potentially useful mechanisms to
coordinate efforts with Latin American states.
3-. Support efforts to
resolve the dispute over the control of Venezuela's foreign assets, promoting
the creation of a neutral mechanism for the administration of said assets,
which can allocate them for certain agreed purposes, while a political
agreement is reached.
4-. Commit to maintaining
the current levels of aid both to alleviate the conditions of Venezuelan
migrants in the region and to attend to the humanitarian emergency within the
country, with special emphasis on mitigating the risks that affect women and
girls.
Hand in hand with civil
society and opposition leaders, engage with the Maduro government to foster
better conditions for the 2024 presidential elections, including updating the
voter registry, measures to limit state interference in voting, an invitation
for an EU election observation mission, and continue to support multilateral
efforts to strengthen respect for human rights.
A period of reestablishing
contacts
Both external actors and
domestic parties are beginning to change their tactics toward the Maduro
government as the “maximum pressure” policy launched by the Trump
administration and its partners in 2019 fades. The policy, which consisted of
increased sanctions economic pressure, political pressure, and occasional
threats of military force, failed. Despite recognizing him as interim
president, his promoters failed to install Guaidó in power. They also failed to
expel Maduro. In fact, the maximum pressure has essentially consolidated
Chavismo's control, while contributing to the impoverishment of ordinary
Venezuelans.
In Latin America and the
Caribbean, the change in position is due in part to political changes in
several influential countries. The arrival (or return in some cases) to power
of leftist governments in Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, Peru
and Mexico, and the collapse of both the Grupo of Lima (anti-Maduro) and the
Union of South American Nations (pro-Chavista), have resulted in both less
regional polarization around the Venezuelan problem and a more moderate general
stance towards Caracas. With some exceptions, the new leftist governments have
conditional sympathy for the Maduro government or are moderately critical of
it, while the right is in retreat. The new Colombian government of President
Petro reversed the position of his predecessor Iván Duque, who had severed
relations with Caracas, immediately after taking office. Petro has branded
Maduro a dictator in the past, but early indications are that he will refrain
from publicly pressing him on human rights and democracy in a bid to advance
bilateral issues such as trade and peace talks with guerrillas. Colombian
National Liberation Army, some of whose members have taken refuge in Venezuela.
At the national level, the
Venezuelan opposition has also moved toward closer rapprochement, although
significant political differences remain in its direction. The divergence of
views between the “interim government” (which includes Guaidó’s political
allies) and others in the Unitarian Platform (made up of a broader set of
opposition parties) is particularly glaring, as demonstrated in the regional
elections in 2021. The Platform decided to participate at the last minute, but
circles close to Guaidó refused to campaign reflecting their skepticism about
possible political change through participation in elections.
The interim government has
not completely given up on dialogue, although Platform politicians question its
commitment. Guaidó's allies have backed talks with the government in Mexico
City that began in August 2021 and were called off by Caracas two months later.
They used them to demand free and fair elections in 2024, although many other
opposition politicians suspect that the interim government's conditions for
acceptable elections are unrealistic, which will serve as a pretext for a new
call to boycott them. Among the four main Platform parties (known as G4),
Guaidó's Voluntad Popular party is seen as intransigent, although much of its
base is committed to electoral participation.
As for the US, it has also
shown a greater willingness to enter into talks. After the government called
off Mexico City talks with the opposition, President Biden raised the
possibility of limited sanctions relief, including easing restrictions on oil
sales, to get him back on the table. Although this has not happened, and the
Caracas government does not appear to be in a hurry to resume it, there has
been progress on other fronts: since March, senior US officials have twice held
direct talks with Maduro in Caracas, resulting in the release of a total of
nine US citizens detained in Venezuela, most recently through a prisoner
exchange announced on October 1.
Meanwhile, government and
opposition representatives have also met in Caracas to discuss a plan to
unfreeze several billion dollars in Venezuelan assets abroad to finance social
and infrastructure projects, with the aim of signing an agreement if Mexico
talks resume.
Managing economic tensions
in the midst of humanitarian and human rights crises
The agreement proposed by
the US for Caracas to resume talks comes at a time when the Venezuelan economy,
despite the modest progress it has made, continues to face difficulties. After
seven consecutive years of economic contraction, which cut about 80 percent of
its GDP, Venezuela experienced a timid recovery in 2022, due in part to the
increase in its income due to high oil prices and the reactivation of private
sector trade. . But oil production, once the mainstay of the Venezuelan
economy, remains stagnant at around 700,000 barrels a day. Without significant
sanctions relief and genuine economic reform, Caracas has no chance of
attracting the massive amount of capital it needs.
to revive the industry. The
easing of price controls and the liberalization of foreign exchange markets put
an end to chronic shortages of basic goods, and the government controlled
hyperinflation by cutting public spending and applying a fierce monetary cut.
But these measures still leave the vast majority of the population with an
income too low to live on, including millions of public sector workers whose
wages have plummeted. After receiving much lower-than-expected wage increases,
protests by teachers and health workers forced the government to back down in
August, leading to a further rise in the rate of inflation, again targeting the
three digits.
In this context, the exodus
of Venezuelans continues, with almost seven million who have fled the country,
out of a population of around 30 million. Most have left since 2014, mainly to
escape poverty. The precarious conditions in which migrants are forced to
travel, often on foot, particularly expose women and girls to gender-based
violence, including rape and sexual trafficking.
The repressive behavior of
the government contributes to the confluence of the humanitarian and human
rights crises.
The repressive behavior of
the government contributes to the confluence of the humanitarian and human
rights crises. While the government has allowed UN agencies, including the
World Food Program, some room to work, it still places severe restrictions on
the operations of humanitarian NGOs. Meanwhile, the government continues to
subject dissidents, from politicians to labor activists, to arbitrary arrests
and holds some 250 political prisoners. The government has signed an agreement
with the prosecutor of the International Criminal Court (ICC), promising
cooperation to bring to justice those responsible for alleged crimes against humanity
committed since the brutal repression of protesters in 2017. It has also given
its consent to the creation of a UN human rights office [in Venezuela], which
the EU has recently supported with a $3 million donation (Who administers?).
However, to date, the authorities have failed to make any of the substantial
reforms to the country's judicial and law enforcement systems that would be
necessary to fulfill their commitments to the ICC prosecutor.
Arguing that it is under
economic siege, the Maduro government, for its part, continues to insist on the
return of Venezuelan state assets located in the US, Colombia and Great
Britain, which were transferred to the interim government led by Guaidó in 2019.
With the coming to power of President Petro in 2022, the Maduro government
regained control of the fertilizer giant Monómeros, a subsidiary of the
Venezuelan state-owned petrochemical company, based in Barranquilla, Colombia.
But the dispute remains over assets in the US, as well as gold and foreign
exchange reserves at the Bank of England. Representatives of Maduro and the
opposition have been negotiating since March an agreement that, in its current
form, would allow the unfreezing of more than $3 billion to be used for
projects in the areas of education, health, water supply and food. As noted
above, one possibility that the parties are exploring is that, pending a
negotiated resolution of the Venezuelan crisis, foreign assets could be managed
by a politically neutral body.
The
2024 presidential election
With the 2024 elections
approaching, the prospects for electoral reform are uncertain. There have been
some advances in recent years. The 2021 local and regional elections were held
in relatively better conditions than the previous year's legislative elections
and others held since 2015. Negotiations between the government and elements of
civil society, accompanied by some moderate members of the opposition, led to
the formation of a slightly more balanced National Electoral Council, with two
(out of five) main rectors aligned with the opposition. At the invitation of
the government, the EU sent observers to monitor the elections. The mission
reported that the tabulation of votes It was carried out in general
"without problems or complaints", but it made 23 recommendations to
improve electoral conditions, among them, avoiding the "invasion of the
powers of the electoral power" by the judiciary and the cessation of the
prohibition on citizens to run. as political candidates without due process.
Political reform has stalled ever since, and the new, smaller Supreme Court of
Justice, created in April, only tightened Maduro's control over the judiciary,
which has previously played a key role in neutralizing the electoral campaigns
of the opposition.
Even if full-scale talks
resume in Mexico City, the government may be reluctant to make much more
concessions on electoral conditions. Senior officials told Crisis Group that
Caracas is unwilling to risk losing power at the polls, having survived years
of domestic and international pressure. Sources within Chavismo also say that
the leadership fears that if the opposition wins, it could take revenge against
the Chavistas. In reality, even if there were to be an opposition victory in
the 2024 elections and, unlikely as it seems at this point, the government
concede defeat, there would be no real power shift without a comprehensive
political agreement between the parties. By contrast, an opposition-led
executive branch would almost certainly be hampered by Chavista control over
all public institutions, including the legislature, judiciary, and security
forces.
Although the government is
likely to oppose most of the electoral reforms, there may still be some room
for progress by 2024. Electoral council sources say that civil society and its
partners, both in the opposition and abroad They could still achieve a
significant improvement in the conditions for the elections by focusing on two
or three critical areas, such as, for example, the quality of the electoral
register and the independence of electoral officials at the local and regional
level. The government is reluctant to invite international election observers,
but at the same time is anxious that the elections be seen as legitimate, so
the idea is not off the table. Furthermore, some people close to the government
even they suggest a willingness to view 2024 as a springboard to a fully
competitive presidential election in 2030, though not at the cost of a complete
loss of political power. In this context, and barring a significant turn of events,
the most optimistic scenario for 2024 is that of elections showing progress
over the previous ones (even if the deck is still stacked against a change of
government). ), with international monitoring, that generates a result accepted
by both parties and provides a basis for further progress, more immediately in
the National Assembly elections scheduled for the following year.
Paving
the way for progress
As the EU and its Member
States work to support stability and democratic reform in Venezuela, it is
likely that they will continue to see how painfully slow progress is made
towards a sustainable and negotiated solution capable of restoring respect for
human rights, the state Law and free elections. The default position of the
Maduro government has been to do what is necessary to retain power, and it
seems willing to continue doing so for the foreseeable future. Adding to this,
opposition leaders, especially those who are part of the interim government or
who benefit from access to Venezuela's external funds that would otherwise be
frozen and who often live abroad, also seem to prefer the statu quo to anything
short of regime change. His resistance to measures that could improve the
standard of living of ordinary Venezuelans, for example through sanctions
relief, sometimes appears to be motivated by concerns that doing so would
bolster Maduro's political position. However, the EU and the Member States can
and must do more to help create the foundations for positive change.
First, they can try to
pressure Washington to be more pragmatic and proactive in its support for a
negotiated solution.
Ideally, the Biden
administration would stop insisting on recognition of the interim government
(which creates unnecessary friction and is increasingly difficult to justify
legally and politically). He would also resist calls from opposition hardliners
and some senior members of Congress to impose additional sanctions and offer
more incentives to promote a return to Mexico City negotiations between the
government and the opposition. These incentives could include partial relief
from non-oil sanctions and suspending the $15 million reward for Maduro's
arrest. In addition, the EU and member states should work with the UN and other
multilateral bodies to help devise a neutral mechanism to manage frozen
government funds as part of an agreement to make them available for certain
humanitarian purposes. They should also continue to support efforts to
strengthen the government's respect for human rights through the UN and ICC
investigation.
Second, the EU and the
Member States must work closely with Venezuela's neighbors to build a new
consensus around the key elements of a sustainable political agreement between
the government and the opposition that will help restore the rule of law and
political freedoms, instead of simply restoring relations and accepting the
status quo. A broad group of nations must make a concerted effort to persuade
the government and the opposition to make reciprocal concessions that could
form the core of an agreement and open a path toward pluralism and a more
stable political system in Venezuela. These could begin with an easing of US
economic sanctions and adequate guarantees in relation to Chavista demands for
protection from possible persecution, in exchange for the government taking
steps to free political prisoners and remove restrictions on the opposition,
civil society groups and independent media.
Despite their suspension,
the Norwegian-facilitated talks in Mexico City continue to offer a mechanism to
reach a final agreement, and the EU and Member States must be prepared to offer
more material incentives to encourage such negotiations. The EU-led International
Contact Group, created in 2019 to seek both a political solution and relief of
the humanitarian situation, could be an instrument to gather the support of
Latin American states, as well as the Community of Latin American and Caribbean
States. , which plans to hold a meeting of foreign ministers with the EU in
October. As an alternative, these nations could also be included in the
mechanism of the Group of Friends contemplated in the framework of the talks in
Mexico to support the negotiations. Although direct contact from Europe to
Russia and China to engage them in the process may be challenging given the
situation in Ukraine, it is possible that regional players could do it, and
Brussels should encourage them to do so. Despite [the situation in] Ukraine,
the EU and European governments have found ways to engage in limited
cooperation in the service of peace and security elsewhere. In this case they
should too.
Thirdly, recognizing the
constraints imposed by the current global crisis, the EU and the Member States
must commit to at least maintain current levels and, if possible, increase the
resources allocated to mitigate the effects of the migratory exodus on the
region and to face the humanitarian emergency inside Venezuela. The aid for
Venezuelans is far below the level of similar assistance provided by the EU in
Africa and the Middle East. The effectiveness of the humanitarian aid package
would be enhanced if the full annual amount is guaranteed from the beginning of
each year (with a commitment to maintain the full current annual expenditure).
It would also be useful for donors to coordinate their contributions through
Team Europe. Of particular concern is the vulnerability of women and girls to
sexual violence and exploitation, particularly on informal migration routes
that now include the dangerous journey to Panama through the Darién Gap. The EU
must put pressure on governments in the region to fully implement the
provisions of laws and treaties prohibiting human trafficking and sexual
slavery and to fund support services.
Finally, the EU and Member
States must work with civil society and opposition leaders to try to advance
the two or three specific electoral reforms that look most promising before the
2024 elections. In particular, they must insist on a comprehensive update of
the electoral registry, which currently excludes millions of Venezuelans, and
support measures to ensure that local and state electoral bodies, as well as
polling station authorities, are autonomous and representative of the various
political forces. They should pressure
the government to eliminate the practice of using the Comptroller General's
Office to prevent the nomination of candidates based on allegations of
corruption without due process. They must also apply for an invitation for
an EU observation mission for the 2024 presidential election.
SOURCE: INTERNATIONAL CRISIS
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